Este verano pasado, me tocó intermediar entre los propietarios de varias viviendas que administro cerca del Barrio del Carmen, en Valencia, y el dueño y los sucesivos inquilinos de un inmueble. Los vecinos, se quejaban, con razón, de que una de las viviendas de su edificio, que quedó vacía tras el traslado de su pripietario a Barcelona, por motivos laborales, era alquilada por una empresa que la ofrecía por días a turistas.
Los problemas surgieron cuando el perfil del inquilino que llegaba a la vivienda, se correspondía con el de extranjero con muchas ganas de disfrutar del clima y el alcohol y poco o nulo respeto por el resto de residentes del edificio y sus instalaciones. La policía acudía todos los fines de semana y la empresa de mantenimiento del ascensor, día si, día también. La avería más grave tuvo lugar cuando entraron 8 «personas» en un ascensor autorizado para 4 y 300 kilos de peso, el riesgo de que hubiera ocurrido un accidente grave, fue, en esa ocasión, más que evidente.
Con los ánimos muy caldeados, ya que la percepción que tenían los vecinos del dueño del inmueble no era muy positiva, intermedié entre estos y aquel con resultados decepcionantes y así lo trasladé a los vecinos, que se ratificaron en la opinión que mantenían de él. Visto que la política de buenos hechos y palabras no obtuvo el resultado esperado, planteamos una serie de medidas antes de volver a contactar con el propietario. La primera era aplicar una política de tolerancia cero con los abusos, llamando a la Policía Municipal cada vez que se molestara el descanso de los vecinos o que el ascensor se quedara bloqueado, antes de llamar a la empresa de mantenimiento, para así contar con el efecto disuasorio de su presencia. La segunda fue informar a la empresa que estaba comercializando los apartamentos, de los problemas sufridos y de la política que iba a seguir desde ese momento la Comunidad, denunciando cualquier infracción y solicitando copia de la documentación necesaria para ejercer dicha actividad. La tercera fue convocar una Junta de Propietarios en la que se incluyó en el orden del día una modificación de los Estatutos y Normas de Régimen interno de la finca en la que se prohibía específicamente esta actividad por las molestias sufridas.
El día de la Junta, el propietario del inmueble problemático ya no estaba tan «vehemente» como en nuestro encuentro anterior. Le habían informado de que se habían dado sentencias, algunas en Valencia, por parte de los tribunales, en las que se prohibía el uso turístico de viviendas si lo prohibían los Estatutos de la Comunidad y si había habido quejas y denuncias de los vecinos por las molestias generadas.
Al final, el problema surge de la mala educación que demuestran algunos jóvenes cuando se encuentran fuera de su ambiente habitual y la poca empatía del dueño del apartamento respecto a sus vecinos, ya que sabía perfectamente qué tipo de inquilino iba a recibir al alquilar su piso a través de ese tipo de agencia y cómo iba a ser potencialmente molesto.
La reunión, que fue muy tensa, acabó por dar una segunda oportunidad al propietario «egoista», teniendo este muy claro, a partir de ese momento, qué pasará si se repiten las conductas denunciadas.
Como siempre os digo, será un placer ayudaros a solucionar cualquer problema que os surja, sólo tenéis que llamarme.
Un saludo,
Alicia.
Alicia Castillo Llorens, una destacada abogada con número de colegiación 5089 del Colegio de abogados de Valencia, ha acumulado una valiosa experiencia de más de 40 años ejerciendo como letrada en pleno ejercicio de la profesión.