La ocupaci贸n ilegal de viviendas y, en algunos casos tambi茅n, la ocupaci贸n de bajos comerciales, es un problema real en Espa帽a, que lejos de reducirse, se ha ido incrementando en los 煤ltimos tiempos.

Los propietarios de los inmuebles son los m谩s afectados indiscutiblemente, pero tambi茅n las Comunidades de Propietarios que ven mermada su seguridad y tranquilidad en general por conflictos vecinales, ruidos, suciedad, enganches a servicios comunitarios, etc.

Hay que tener muy en cuenta el art铆culo 47 de la Constituci贸n espa帽ola, por la que todos los espa帽oles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada; pero siempre que se ponga 茅ste en relaci贸n con otro derecho fundamental recogido en el 33.1 CE, que reconoce a los espa帽oles el derecho a la propiedad privada y a la Herencia.

La ocupaci贸n ilegal, esto es, la ocupaci贸n no consentida ni tolerada, no es t铆tulo de acceso a la posesi贸n de una vivienda, ni encuentra amparo alguno en el derecho de constitucional a disfrutar de una vivienda digna. Los poderes p煤blicos, eso s铆, deben promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho y, en ese marco, preocuparse de forma particular por aquellas personas en riesgo de exclusi贸n social. (Pre谩mbulo Ley 5/2018, de 11 de junio).

FEN脫MENO 鈥淥KUPA鈥
La implantaci贸n del fen贸meno 鈥淥KUPA鈥 en Espa帽a est谩 mucho m谩s arraigado que en el resto de pa铆ses europeos, probablemente porque en el resto de pa铆ses comunitarios, los procesos de desalojo son m谩s din谩micos y est谩n aplicando medidas m谩s duras que en Espa帽a.

鈥淒ESAHUCIO EXPR脡S鈥
La reforma operada en la Ley de Enjuiciamiento civil por la Ley 5/2018 de 11 de junio, abri贸 una nueva esperanza para muchos propietarios o titulares de derechos sobre viviendas, con lo que se ha llamado el 鈥淒esahucio expr茅s鈥, actualmente vigente en nuestro pa铆s.

La nueva normativa dota al procedimiento de tutela sumaria de unos mecanismos mucho m谩s 谩giles para la recuperaci贸n del derecho de los titulares de viviendas, al menos sobre el papel porque el principal problema con el que nos encontramos los profesionales del derecho es la Administraci贸n de Justicia, su aparente colapso principalmente por su falta de medios.

No todos los propietarios pueden acogerse al desahucio expr茅s contra los okupas.

Pueden pedir la inmediata recuperaci贸n de la plena posesi贸n de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella, sin su consentimiento:

  • Las personas f铆sicas que sea propietaria o poseedora leg铆tima por otro t铆tulo.
  • Las entidades sin 谩nimo de lucro con derecho a poseer la finca en cuesti贸n.
  • Las entidades p煤blicas propietarias o poseedoras leg铆timas de la vivienda social.

Este procedimiento r谩pido, no es posible si el titular de la vivienda es una persona jur铆dica; o si el bien ocupado ilegalmente, no es una vivienda sino locales comerciales.

Esto que podr铆a suponer un an谩lisis de despacho, es bastante habitual en la pr谩ctica al encontrarnos con frecuencia el acceso ilegal a dichos locales, previamente buscado por las grupos ilegales perfectamente organizados que venden el acceso a dichos inmuebles, que adem谩s saben que no gozan de la protecci贸n sumaria, decorados para oficinas, academias, etc, que cuentan con varios cuartos de ba帽o y zonas de estar y cocinas.

ACCIONES LEGALES
Debe tratarse de ocupaciones ilegales de vivienda, no debe haber ni un uso tolerado por el propietario o titular del leg铆timo derecho de poseer, ni ning煤n tipo de relaci贸n previa con el ocupante. Ni precario ni comodato.

El actor debe ponerse en comunicaci贸n con un despacho de abogados especialistas en Derecho Inmobiliario y la demanda deber谩 ser firmada por abogado y procurador.

Como novedades importantes, en el procedimiento judicial expr茅s de ocupantes ilegales de viviendas, el demandante debe adjuntar a la
demanda t铆tulo suficiente que acredite su derecho a poseer sobre la vivienda, y la demanda puede DIRIGIRSE GEN脡RICAMENTE CONTRA LOS DESCONOCIDOS OCUPANTES DE LA MISMA, sin perjuicio de la notificaci贸n que de ella se realice a quien en concreto se encontrare en el inmueble al tiempo de llevar a cabo dicha notificaci贸n.

El demandante solicitar谩 la inmediata entrega de la posesi贸n de la vivienda, y en consecuencia, el decreto de admisi贸n de la demanda se requerir谩 a sus ocupantes para que aporten, en el plazo de cinco d铆as desde la notificaci贸n de aquella, t铆tulo que justifique su situaci贸n posesoria.

Si no se aportara justificaci贸n suficiente, el tribunal ordenar谩 mediante auto la inmediata entrega de la posesi贸n de la vivienda al demandante.

Contra el auto que decida sobre el incidente no cabr谩 recurso alguno y se llevar谩 a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda.

En todo caso, en la misma resoluci贸n en que se acuerde la entrega de la posesi贸n de la vivienda al demandante y el desalojo de los ocupantes, se ordenar谩 comunicar tal circunstancia, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados, a los servicios
p煤blicos competentes en materia de pol铆tica social, para que, en el plazo de siete d铆as, puedan adoptar las medidas de protecci贸n que en su caso procedan.

Estos cambios se han producido en el procedimiento civil, no afectan al 谩mbito penal cuando se trata de un delito de 芦allanamiento de morada禄 del art铆culo 202 del C贸digo Penal o un delito de usurpaci贸n previsto en el art铆culo 245 del C贸digo Penal.

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