El pasado 1 de julio, el Gobierno español anunció una moratoria hasta junio de 2026 en la entrada en vigor de la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) sobre seguridad y accesibilidad en ascensores en la Comunitat Valenciana. Esta medida, de carácter “excepcional y exclusivo” para esta región, pretende liberar más de 14.000 horas de trabajo especializado, redirigiendo esfuerzos hacia la reparación de los más de 1.000 elevadores todavía fuera de servicio tras la Dana del 29 de octubre de 2024.
¿En qué consisten las prórrogas de la normativa de ascensores?
- Moratoria hasta julio de 2026 para aplicar mejoras técnicas no esenciales (nivelación de suelos, protección en puertas…)
- Ampliación de plazos para subsanar deficiencias leves detectadas en las inspecciones, pasando de los 6 meses habituales a 12 meses
Estas acciones no comprometen la seguridad, pero sí eliminan exigencias que desviarían recursos de las reparaciones más urgentes.
Objetivo: recuperar el ascensor como servicio esencial
Alrededor de 7.500 ascensores resultaron afectados tras la Dana; actualmente, 6.500 ya están operativos, pero quedan 1.000 sin funcionar.
El Gobierno se ha comprometido a que todos estén en servicio antes de final de año, con especial atención a aquellos en edificios con personas mayores o con discapacidad.
Colaboración activa entre las partes
El plan incluye reuniones semanales del Gobierno con FEMEVAL, Ascencoval, la Federación Española de Ascensores y los ayuntamientos para supervisar avances y resolver obstáculos.
Retos todavía pendientes
- Piezas específicas a medida: cada ascensor presenta singularidades que obligan a fabricar componentes concretos.
- Escasez de mano de obra cualificada: aunque ya se liberaron 14.000 horas, el sector sigue demandando técnicos especializados.
- Necesidad de un mapeo completo: algunos ascensores no están identificados debido al nivel de inundación sufrido.
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Mirando hacia el futuro
La suspensión temporal de la nueva normativa sobre ascensores no solo refleja una gestión ágil ante la emergencia provocada por la Dana, sino también una apuesta por dar prioridad a las personas: mayores, dependientes y ciudadanos que se han visto afectados por la crisis. Mientras se trabaja por una reconstrucción rápida, el reto planteado—imprevistos en las piezas y falta de técnicos—nos obliga a pensar en sistemas más resilientes y adaptados a situaciones climáticas extremas.
Este episodio probablemente servirá para replantear cómo concebimos nuestras infraestructuras: un paso necesario hacia ciudades más preparadas, accesibles y seguras.
Alicia Castillo Llorens, una destacada abogada con número de colegiación 5089 del Colegio de abogados de Valencia, ha acumulado una valiosa experiencia de más de 40 años ejerciendo como letrada en pleno ejercicio de la profesión.